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La contratación pública es esencial para que las Administraciones Públicas gestionen sus recursos de manera eficiente, transparente y cumpliendo siempre con la legalidad. Representa una parte muy importante del Presupuesto de Gastos, especialmente en lo que a gastos corrientes e inversiones se refiere. Sin embargo, a pesar de su importancia, no es difícil llegar a cometer errores que pueden provocar retrasos, aumento de costes o incluso la nulidad del procedimiento. Además, si se dan los requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), los interesados pueden presentar recurso especial en materia de contratación, lo que complica aún más el procedimiento. Por ello, es fundamental conocer bien cuáles son los errores más comunes para mejorar la gestión de los contratos y asegurar que los recursos públicos se utilizan de forma adecuada.

Los fallos más frecuentes se producen en la fase de preparación del contrato. Esta fase incluye desde la planificación y la identificación de la necesidad administrativa a satisfacer (artículo 28 de la LCSP), hasta la elaboración del expediente de contratación  que debe incluir todo lo señalado en el articulo 116 de la LCSP. En esta fase es habitual no justificar adecuadamente la necesidad del contrato, lo que genera inseguridad jurídica y falta de transparencia. También es común fraccionar indebidamente el objeto del contrato para eludir los requisitos de publicidad o el procedimientos de adjudicación aplicable, lo cual va en contra del artículo 99 de la LCSP. En ocasiones, no se detalla correctamente el presupuesto base de licitación: solo se indica el importe sin IVA y el total con IVA, sin explicar de dónde salen esas cifras ni qué costes incluye (artículo 100 de la LCSP). Por último, otro error importante es exigir requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional desproporcionados, lo que limita la participación de las empresas, restringiendo de forma efectiva la competencia y vulnerando el artículo 1 de la LCSP.

Todos estos problemas pueden evitarse con una buena planificación. Es importante analizar bien las necesidades reales (justificar de forma clara por qué se hace el contrato), calcular un presupuesto base de licitación ajustado a los precios de mercado (haciendo estudios si es necesario), y establecer unos criterios de solvencia proporcionados.

La fase de adjudicación también suele presentar diversos problemas. Uno de los más comunes es que, ya desde la preparación del contrato, se establecen  criterios de adjudicación poco adecuados o mal definidos, que no permiten a la mesa de contratación evaluar de forma clara las ofertas presentadas por los licitadores, dando lugar a la interposición del recurso especial en materia de contratación (artículo 44 y siguientes de la LCSP). Estas impugnaciones pueden acabar declarando la nulidad del procedimiento, lo que supone una pérdida de tiempo y recursos tanto para la Administración como para las empresas interesadas. Para evitarlo, es fundamental utilizar criterios objetivos, proporcionales y relacionados con el objeto del contrato.

En cualquier caso, incluso cuando la licitación está bien planteada y adjudicada, pueden surgir dificultades durante la fase ejecución. En esta fase, es frecuente encontrar situaciones como modificaciones (no previstas) del contrato no justificadas legalmente que pueden alterar el equilibrio económico del mismo, o retrasos en los pagos a los contratistas, afectando directamente a la liquidez de las empresas adjudicatarias. Para reducir estos riesgos, es fundamental contar con un Responsable del Contrato que supervise de forma activa la ejecución, y así evitar incumplimientos, penalidades o incluso la resolución del contrato. Aunque esta figura está regulada en la ley, en la práctica no siempre se comprueba bien si las obras, los servicios o los suministros se han realizado correctamente antes de su recepción. Por eso, es importante reforzar el papel del Responsable del Contrato y para garantizar que lo contratado se ajusta a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que se entrega en plazo y con la calidad exigida.

En conclusión, aunque la tramitación de un expediente de contratación puede presentar muchas dificultades (desde la fase de planificación hasta la recepción y devolución de garantías, si procede), gran parte de estos errores pueden evitarse si se actúa con previsión. Es fundamental establecer criterios de adjudicación y de solvencia proporcionados al objeto del contrato, y que el Responsable del contrato realice un seguimiento constante de su ejecución.  De esta forma, las Administraciones Públicas podrán optimizar y agilizar los procesos, realizar una asignación eficiente del gasto público, y garantizar una prestación de servicios de calidad, cumpliendo con los principios que deben guiar toda actuación pública: eficacia, eficiencia, transparencia, legalidad, publicidad, igualdad, libre competencia, entre otros.